TENGO UNA ENCUESTA… (Por Marcelo Sánchez-Oro Sánchez).

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Tengo una encuesta.

 

Apoyar las decisiones de orden político, institucional o, comercial en los datos suministrados por encuestas diseñadas y ejecutadas específicamente se ha convertido en parte esencial de la estrategia de las organizaciones. La sociedad de la información exige disponer de datos elaborados fácilmente interpretables y comunicables porque ahora más que nunca disponer de la información es poder.
Frecuentemente las encuestas tratan de reflejar aspectos bastante intangibles de la sociedad: opiniones, valoraciones expectativas, intenciones y toma de posiciones, etc. sobre diferentes ofertas de servicios y productos. Quien paga manda y, existen técnicas para conformar preguntas adecuadas a los intereses de los patrocinadores y eludir otras; ordenar las categorías de respuesta ajustadas a estos intereses y, diseñar un cuestionario en cuanto al orden de las preguntas de manera que las respuestas de unas influyan en las respuestas de las siguientes. Créame, son muchas y, por cierto bastante burdas, las maneras de obtener una información sesgada mediante el procedimiento de encuesta. Lo que más me alarma no es tanto es esto, como la realidad distorsionada que presentan algunos sondeos y estudios de opinión, a resultas de un parcial e inadecuado proceso de selección de los sujetos que han de contestar dichos cuestionarios. Quiero decir que muchos de estos estudios pretenden representar a poblaciones que realmente no están representadas en la muestra. Sirva el caso de las encuestas realizadas por teléfono. El 80% de las que se realizan en nuestro país son de este tipo. ¿Saben ustedes que estas encuestas utilizan el listín de telefonía fija para confeccionar las muestras?. Es evidente que cada vez son más los que no disponen de este dispositivo y la distribución de los hogares sin teléfono fijo, sigue unas pautas concretas, sin ir mas lejos datos de la Caixa de 2003 revelaban que el sólo el 76.8% de los hogares de la provincia de Badajoz tenía teléfono fijo, mientras los de la provincia de Cáceres eran el 86.1%. Existe una pauta territorial, hay más hogares sin teléfonos en las regiones periféricas y en las que predomina zonas rurales, por ejemplo Extremadura y Galicia. Tienen proporcionalmente menos teléfonos fijo los hogares unipersonales (viudos/as, solteros…), los hogares monoparentales, los hogares en los que el cabeza de familia es poco cualificado y/o tiene empleo temporal, los que viven de alquiler y los inmigrantes. En función de la edad existe una curva ascendente desde los 24 años hasta los 50-60 años, desciende hasta los 65 y vuelve a ascender a partir de los 66 años, etc. Toda una tipología social queda fuera del marco muestral de este tipo de estudios-barómetros de opinión, pero que en sus fichas técnicas dicen estar representados. ¿Qué fiabilidad ofrecen? ¿A que segmentos de población representan realmente? ¿Alguien explica como se subsanan en estos casos los errores de cobertura?. Un sondeo basado en 1.400 encuestas de carácter nacional, aplicada telefónicamente no ofrece los mismos resultados que otra con el mismo tamaño muestral basada en entrevistas personales cara a cara, como las realizadas por el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) habitualmente y por organismos públicos como las universidades. Evidentemente se realizan más encuestas telefónicas porque son más baratas, pero estas introducen errores y sesgos en las opiniones de quienes se dicen que representar. El resultado es un evidente descrédito de las encuestas y de los científicos sociales, además del daño que se origina a las acciones que se planifica bajo supuestos que son cuanto menos equívocos.
Esto solamente es un ejemplo para llegar a la siguiente conclusión: no se puede planificar ni económicamente ni políticamente sin tener un certero diagnostico de lo que ocurre, el cual no debe asentarse solamente en los sondeos prepago a gabinetes privados. Cuando otras regiones y el propio estado desde hace años se dotan de organismos públicos de investigación sociológicas es porque se ha tomado conciencia de la necesidad de garantizar la solvencia de los estudios sobre los que han de asentarse las políticas sociales. En Extremadura deberíamos abrir este debate también.
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